Dipres abre proceso para destinar US$ 300 millones a proyectos de inversión “verdes” e intensivos en empleo

El plan de recuperación económica inclusiva, dado a conocer hace dos semanas por el Ejecutivo bajo el concepto de “Chile Apoya”, tuvo entre sus principales titulares la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral hasta diciembre, la creación de un mecanismo para activar ayudas estatales en caso de cuarentenas y las promesas del gobierno de ingresar proyectos para contener alzas en los precios de los combustibles como la parafina y el gas, entre otros puntos.

Pero hay un punto de la iniciativa que es visto con expectación en las regiones del país: la creación de un fondo por US$ 300 millones para proyectos de inversión que sean intensivos en mano de obra y que tengan un carácter “verde”. O sea, cuyo foco sea amigable con el medio ambiente y su finalidad sea combatir el cambio climático.

En paralelo, Martínez envió otra circular a las subsecretarías abordando la necesidad de priorizar y aplicar gradualidad a los gastos en materia laboral.

Javiera Martínez, directora de Presupuestos.

En un oficio enviado la semana pasada, la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, dio inicio formal al proceso para adjudicar los montos a proyectos de inversión a los que postulen municipalidades, gobiernos regionales (Gores) y servicios públicos.

Ayer, se realizó un webinar de acompañamiento dirigido a las municipalidades, que realizó la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) junto a la Dipres, en el que se entregó orientación sobre la manera de acceder a este fondo de inversión.

“Esta es una oportunidad para que los gobiernos locales, y otros servicios, accedan a financiamiento en aquellas iniciativas intensivas en mano de obra, que se puedan ejecutar con celeridad dentro de este año y que deseablemente puedan contribuir en materias de adaptación a la crisis climática”, señalaron desde la repartición liderada por Martínez.

Las condiciones

Acorde con el texto, enviado a 638 entidades públicas entre municipios, servicios estatales y Gores, la principal condición para la entrega de los recursos es que deberán ser destinados a iniciativas en condiciones de ejecutarse “con celeridad”.

“En general, estos proyectos deberán estar orientados por criterios de sustentabilidad, desarrollo tecnológico e innovación, con impacto en el empleo y que permitan potenciar infraestructura pública en un contexto de adaptación a la crisis climática”, señala el documento oficial.

Así, se privilegiarán los proyectos que se ejecuten a través de los siguientes programas e instrumentos de inversión: Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el Programa de Mejoramiento de Barrios, también del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), regulado por la ley de Presupuestos 2022 en la partida de los Gobiernos Regionales.

Los servicios públicos o Gores que postulen deberán seleccionar de su cartera de proyectos aquellos que cumplan con los criterios señalados y que estén en condiciones de ser “rápidamente identificados”, o sea, cuenten con la recomendación “favorable” del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Los municipios que postulen, en tanto, deberán seleccionar de su cartera de proyectos elegibles en la plataforma de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) aquellos que cumplan con los criterios previos, informando a Dipres solo el nombre y monto de los proyectos seleccionados.

El plazo para postular a los recursos especiales vence el próximo 11 de mayo.

Nuevas instrucciones

En paralelo, Martínez envió el 18 de marzo un oficio circular a ministerios y subsecretarías con instrucciones para mejorar la coordinación en la solicitud de recursos.

También se estableció que la aprobación de recursos en materia laboral estarán sujetas a la “priorización” y “gradualidad” respectiva.

“El gobierno realizará una priorización de los proyectos de ley que se enviarán al Congreso, considerando un horizonte que abarque el actual período presidencial, lo cual a su vez determinará el financiamiento en materias laborales que impliquen gasto fiscal y sus respectivas gradualidades”, señala el documento.